- Preocupa el déficit planteado por el Ejecutivo Federal y que dicho monto supere lo que se planea destinar a inversión pública.
- Diputados deben respetar presupuestos presentados por el Poder Judicial, así como los del INE e INAI para que éstos cumplan con sus obligaciones constitucionales; pretender afectarlos implicaría debilitar la democracia y separación de poderes.
Los integrantes de la Cámara de Diputados deberán garantizar que el Paquete Económico 2024 presentado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destine los recursos necesarios y suficientes a educación, salud y seguridad en el país; así como revisar exhaustivamente los montos de endeudamiento propuestos por la administración para el siguiente Ejercicio Fiscal.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hacemos también un llamado a los legisladores para que se respeten los presupuestos presentados por el Poder Judicial, así como los de los órganos autónomos como el INE y el INAI, a fin de que estos cumplan con las obligaciones que les fueron conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tras una primera revisión del Paquete Económico presentado el 08 de septiembre y que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en Coparmex advertimos con preocupación un incremento importante en el déficit público, es decir, en la contratación de deuda, para solventar el proyecto de presupuesto que propone el Gobierno Federal.
En ese sentido, es importante mencionar que el PPEF para el próximo año contempla un gasto total de 9 billones de pesos, lo que significa un incremento real de 4.3 por ciento con respecto al aprobado en 2023; sin embargo, se tienen previstos ingresos presupuestarios sólo por 7.3 billones de pesos, por lo tanto, debido a que se estiman menos ingresos y más gasto, el presupuesto nace con un déficit.
De acuerdo con la información dada a conocer, para el próximo año, el proyecto gubernamental plantea un nivel de déficit presupuestario de 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que al cierre de este año se estima sea de 3.3 por ciento; de ahí que es muy relevante que el techo de deuda planteado (1.9 billones), supera lo que se piensa gastar en inversión pública (1.1 billones), por lo que reiteramos nuestra preocupación de que ese rubro se pueda usar también para cubrir el gasto corriente.
Más aún, el recurso que se pretende destinar para inversión pública presenta una disminución real del 11 por ciento. En particular, la inversión física será de 888 mil millones de pesos, con una reducción de 23 por ciento con respecto a lo aprobado en 2023 y será del 2.6 por ciento del PIB. Es oportuno mencionar que cerca del 15 por ciento de este presupuesto se irá al Tren Maya. Otro tema de la mayor relevancia es la poca atención al gasto que fomente el desarrollo económico del País pues el presupuesto de la Secretaría de Economía se mantiene estancado con un crecimiento real del 0 por ciento.
Por otra parte, desde COPARMEX hemos manifestado que, para lograr un México con Desarrollo Inclusivo, que ponga al centro a las personas y se enfoque en mitigar y revertir las carencias sociales de la población, es necesario que el Gobierno invierta de manera prioritaria en salud, educación y seguridad pública.
No obstante, en el PPEF presentado por el Ejecutivo Federal observamos que el incremento en salud es insuficiente ante el aumento de 30.3 millones de personas sin acceso a servicios de salud reportado por el CONEVAL en su más reciente medición de la pobreza.
Por su parte, la propuesta sólo contempla un incremento del 1 por ciento para la Secretaría de Educación Pública y en lo que respecta a Seguridad, el aumento real es de solo 2 por ciento para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina, tienen aumentos superiores al 50 por ciento. Más aún, es necesario revisar el Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP), que solo tendrá un aumento real de 0.02%. No coincidimos con la militarización del gasto público en seguridad que apuesta por más centralización y menor respaldo a estados y municipios.
El presupuesto destina 741 mil millones de pesos a los programas prioritarios y el 63% de este monto se destina al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores. En este sentido, es importante tener en cuenta que los programas sociales deben de estar enfocados en atender a la población más vulnerable. Será indispensable que el monto destinado a programas sociales permita revertir el aumento que se tuvo en la pobreza extrema de 2018 a 2022.
Por último, como defensores del Estado de Derecho y la división de poderes, reiteramos el llamado a los diputados federales, quienes tendrán en sus manos la aprobación del Presupuesto de Egresos, a que respeten las proyecciones de gasto planteados por el Poder Judicial y los órganos autónomos con la finalidad de garantizar que cumplan con sus obligaciones constitucionales y sean garantes de los derechos que los mexicanos tenemos a una justicia imparcial y expedita, a elecciones limpias con resultados confiables, así como a la transparencia y la protección de nuestros datos personales. Lo decimos con contundencia: No deben ponerse en riesgo las elecciones de 2024 ni debilitarse nuestra democracia.
México merece un presupuesto justo y responsable que garantice acceso a los servicios básicos, que promueva el desarrollo y fortalezca la vida democrática.